Los ayuntamientos temen por los servicios públicos al declararse inconstitucional la tasa de Plusvalía

 Los ayuntamientos temen por los servicios públicos al declararse inconstitucional la tasa de Plusvalía

Sesión plenaria en octubre en el Ayuntamiento. / MIGUE FERNÁNDEZ

El gravamen sobre la variación del valor del suelo cuando un inmueble cambia de propietario se basa en valores ficticios dice el Tribunal Constitucional

SUR MALAGA.

Los alcaldes locales de la provincia de Málaga están preocupados porque tendrán un enorme agujero en sus presupuestos para el próximo año y podrían tener que cancelar servicios públicos vitales tras una decisión histórica del Tribunal Constitucional de España esta semana.

Los ayuntamientos de la provincia se unen a los de todo el país para pedir al Gobierno central que proporcione urgentemente fondos para tapar el agujero después de que el Tribunal dictaminara que el llamado impuesto de plusvalía sobre el valor del suelo era inconstitucional.

Este impuesto lo cobran los ayuntamientos cuando se vende, se dona o se hereda un inmueble, y representa una parte importante de los ingresos fiscales de las administraciones locales, sólo superada por el impuesto del IBI.

Los ingresos que se pierden en toda la provincia de Málaga mientras no se pueda cobrar el impuesto ascenderán a 170 millones de euros al año (según las últimas cifras de 2019). Solo la ciudad de Málaga preveía unos ingresos de 55,2 millones de euros por este impuesto en su planificación presupuestaria para el próximo año.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió a Madrid «soluciones» para el próximo año y reconoció que los ayuntamientos «tienen ahora un grave problema».

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, dijo: «Pedimos al Ministerio de Hacienda, que sabe desde hace tres años que había un caso en el Tribunal Constitucional, que tome una decisión inmediata.»

Marbella recaudó 27 millones de euros en Plusvalía en 2019 y la votación inicial del presupuesto de la ciudad para 2022 estaba prevista para el próximo lunes, pero ahora está en el aire.

El Ayuntamiento de Torremolinos, que normalmente recauda más de 7 millones de euros de Plusvalía, instó al Gobierno central a crear, «vías alternativas y adecuadas para reformar este impuesto, o más bien crear uno nuevo».

El Tribunal Constitucional ha declarado nulas algunas cláusulas de la legislación tributaria municipal nacional que se aplican para poder cobrar la Plusvalía.

Su sentencia, que aún no se ha hecho pública en su totalidad, argumenta que el impuesto se aplica bajo la premisa de que siempre existe un incremento del valor del terreno cuando un propietario lo transmite a otra persona respecto a cuando lo adquirió, «independientemente de que éste haya existido realmente». En otras palabras, la forma de calcular la Plusvalía no se ajusta a la realidad.

Aunque esta conclusión es la más significativa, ha habido otras sentencias en contra de la Plusvalía en los últimos años.

En 2017 el mismo tribunal dijo que las personas cuya propiedad había bajado desde que la compraron no tenían que pagar.

En 2019 se dictaminó que el impuesto a pagar no podía ser superior al total del incremento real del valor del inmueble (que a veces lo era).

La última sentencia anula por el momento todo el principio del impuesto, aunque no se retrotraerá.

El Gobierno ha dicho que adaptará la Plusvalía para tener en cuenta las conclusiones del Tribunal Constitucional, pero no ha dicho cuándo.

Inmaculada Montes

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Enamorada de Málaga. Periodista por la Universidad de Málaga. Redactora digital para diferentes medios y revistas. Me encanta el arte, la cultura y el cine. Escribo sobre actualidad y noticias de último hora. Te mantenemos al día.

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